La población reclusa en España supera los 60.000 internos. Algunos quebrantaron las reglas, tal vez ignorando sus consecuencias. También tienen familias, etcétera, pero no parecen merecedores de lacitos amarillos solidarios que reivindiquen su libertad. No es el caso de quienes en todo momento sí fueron advertidos de los riesgos que corrían al traspasar la línea roja de la legalidad. Que la justicia haya considerado que los responsables del procés deben ser procesados no es más que la aplicación literal de una concordancia jurídica. La ley puede que sea tan dura como dice el latinajo, pero más lo están siendo las consecuencias del arrogante y reiterado desprecio al Estado de derecho, que está causando grandes perjuicios sociales, políticos y económicos, no solo en Cataluña sino en el ámbito de la Comunidad Europea. Dura lex... y que dure.—
Fonte | El País
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