Así, la sentencia deja claro que la denuncia «sitúa al recurrente en una situación de indefensión -al no haberse admitido las pruebas propuestas en vía administrativa- y por encima de ello incluso, en el caso de aplicar el principio in dubio pro reo, al no considerarse suficiente la prueba de cargo existente en el expediente, todo ello considerando que la denuncia se cursó por un agente cuya observación directa de la infracción no consta, sino a partir de las repetidas fotografías».
Fonte | La Razón
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