(...) Los jueces imponen en un proceso penal las fianzas de responsabilidad civil en consonancia con los delitos que se imputan a los acusados, como garantía de que, si son condenados, podrán responder a las obligaciones pecuniarias que se les impongan. Los dos delitos que Mercedes Alaya imputa a Magdalena Álvarez (la prevaricación, recogida en el artículo 404 del Código Penal, y la malversación del 432) no implican penas de multa. Por ello, la juez fija la fianza sobre la base supuestamente malversada (177 millones), que calcula “grosso modo” tal como señala en el auto. Después aplica a esa cifra el porcentaje del que es responsable Álvarez (22 millones). Y a ello le suma un tercio, que es lo que marca la ley (...)
Fonte | El País
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